Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU
SEÑOR:
Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, profesor James Anaya
ASUNTO:
Denuncia ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
CASO:
POR
DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE, DEFENDER LA VIDA, DEFENDER EL TERRITORIO,
EL GOBIERNO PERUANO ORDENA ASESINAR, POR NO ATENDER LA AGENDA INDIGENA.
En
la región de Puno (Sur andino del Perú) y en todo el país, desde hace
una década se viene vulnerando los derechos de la comunidades, sin
aplicar el Convenio 169-OIT de la ONU , como es el caso de los derechos
fundamentales de los Quechuas y Aymaras en esta parte del Perú; y a la
fecha existen más de 4,000 petitorios solicitando la concesión minera y
petrolera, de los cuales 1500 ya son titulados, el 70% del territorio de
la región esta concesionado a las EMPRESAS TRASNACIONALES para
actividades mineras y petroleras, financiados por las corporaciones
financieras de EUROPA Y NORTEAMERICA, quedando pendiente el 30% del
territorio de las comunidades indígenas, y donde se realizaran las
actividades agropecuarias.
La
región de Puno desde tiempos inmemoriales es eminentemente agrícola y
ganadera, actividades que son parte de la vida cotidiana de los quechuas
y aymaras.
En
estas concesiones se observa que las mineras llegan intempestivamente
con sus maquinarias a iniciar la exploración, luego la explotación,
iniciándose así una agresión a las comunidades, a la vida, tierra, agua,
aire, ambiente y derecho de los pueblos a la determinación de sus
formas de vida y desarrollo.
Consecuencia
de esto, por órdenes del presidente Alan García, hicieron uso de sus
armas de reglamento con el pretexto de salvaguardar los bienes
públicos. La población desarmada que busca hacer respetar sus
derechos, fue respondida con bombas y balas, para proteger los intereses
económicos de las mineras; sin dar una solución al problema, como es el
caso de los asesinatos frente al aeropuerto el 24 de Junio de 2011.
Desde hace varios años se viene acusando y acosando a los quechuas, y al pueblo del Perú en general, con especial ensañamiento en contra de las poblaciones originarias. Las mineras prácticamente tienen en el gobierno un operador, y todo parece indicar que se vale de un comando de aniquilamiento en el cuerpo de la Policía Nacional del Perú. Tal
es el caso de la extradición de Telmo Hurtado Hurtado, responsable de
un genocidio perpetrado en 1985, durante el 1er gobierno de Alan García,
quien lo protegió; y que la justicia peruana no ha sido capaz de
sancionar
La
policía, que tiene la obligación de resguardar los bienes, el orden y
las vidas de los peruanos; por el contrario, ha abierto fuego; y el
proceder sistemático con un patrón de agresión en las intervenciones de
este tipo, no dejan duda de que se trata de una política de estado para
el exterminio e implementación del miedo a la población civil.
Indudablemente, las
órdenes provienen del Presidente; por ello tiran impunemente a matar al
tórax y a la cabeza, y no dejan supervivientes; y reciben el apoyo de
los medios de comunicación que moldean a la opinión pública. Procediendo
igualmente con la delincuencia común, como en el caso de Trujillo, y al
criminalizar las auténticas protestas de los pueblos, justifica la
acción de exterminio de la misma forma como exterminan ilegalmente a los
delincuentes comunes; luego Alan comenta: “es lamentable, pero el orden es el orden y la ley es la ley, así sea dura”.
No nos caben dudas que la cadena de mando nace en el palacio de gobierno y del ministro del interior.
Esta orden de disparar a matar a los manifestantes de Azángaro, orden que quedó registrada en el audio con las voces de los efectivos policiales,
encargados de la custodia del aeropuerto, que exhortaban a esta acción,
y se puede ver en un video colgado y difundido en Youtube, sobre los
luctuosos sucesos del viernes 24 de junio, que terminó con seis
muertes. En dicho video se observa como las víctimas corren presurosas
para ponerse a resguardo de una violenta carga policial combinada de
bombas, lacrimógenas y balas a discreción.
En
medio de la agresión policial, se entremezclan los gritos de los
azangarinos con los de efectivos policiales que pugnaban por expulsarlos
del lugar. Y, en un determinado momento, se escucha claramente cómo una
voz exige, con groserías de por medio, asesinar a una de las pobladoras
que se encontraba en el área de aterrizaje.
“Vuelvan a su punto… Recupérenlo (la pista de aterrizaje tomada)… A la que está con huaraca (honda), a la que está con huaraca… ¡Mátala a esa chola de mierda, mátala, mátala!… ¡Mátala a esa chola de mierda, mátala!… ¡Oye, ahí nomás!, ¡ahí nomás!”, registra la grabación de la voz de un oficial de la Dinoes.a partir del segundo 50, aproximadamente.
Este
oficial, al mando de los efectivos encargados de la custodia del
terminal aéreo, fue el que prácticamente clamaba porque se cumpliese
inexorablemente la orden de asesinar a una de las manifestantes que las
imágenes muestra corriendo por la pista de aterrizaje.
Precisamente,
entre los fallecidos por la matanza desatada por la fuerza policial de
la Dinoes figura el nombre de Petronila Coa Huanca, la única mujer de
los seis caídos, coincidentemente abatida de un impacto de bala en la
parte superior del abdomen. Según versión del analista político Eduardo Toche este material fílmico es un importante elemento que permite ir acumulando indicios sobre
responsabilidades penales en la cadena de mando que va desde el
ejecutor policial del terminal aéreo hasta el propio presidente Alan García, pasando por el titular del Interior, Miguel Hidalgo, y la Primer Ministro Rosario Fernández.
Alan García se ratifica indicando “lamentamos las muertes ocurridas pero la policía actuó como debe hacerlo en caso extremo”.
Como resultado de la Agresión Policial perdieron la vida nuestros mártires: Raúl
Cancapa Huaricallo (38), Edwin Félix Yrpanoca Turpo (20), Petronila coa
huanca (54), Gregorio Huamán Mamani (56) y Antonio campos huanca (65), a
quienes declaramos Mártires de la Democracia Directa Comunal Andina;
que se movilizaban cumpliendo los acuerdos de su comunidad, en defensa
de la Pachamama (Naturaleza) de la Humanidad y de la Vida.
PARA LOS QUE AMAMOS LA VIDA, este acto es un genocidio, un crimen de lesa humanidad,
solo por que los pobladores se movilizan los pobladores desarmados, y
un grupo armado de la PNP y del ejército, los enfrentó, y asesinó, con
disparos certeros dirigidos al tórax y a la cabeza; a quienes defienden
la vida, el agua, la tierra y la soberanía nacional, cuando en su
intento de hacerse escuchar con el gobierno de Alan García, su
manifestación terminó en un fuerte enfrentamiento con las fuerzas del
orden.
Wilber
Perlacio Limache, abogó por su hermano Javier, quien se encuentra en
estado de coma en el hospital Carlos Monje Medrano, por un abala que le
ingresó por el abdomen y se alojó en su columna. Él es natural de
Ayaviri, tiene 33 años y requería una operación quirúrgica de alto
riesgo, a falta de atención es la Sexta víctima. Se trata de Javier
Perlasías Limachi, de 33 años de edad, natural del distrito de Orurillo,
perteneciente a la provincia de Melgar. Como se recuerda, Perlasías
Limachi había sido herido de bala el 24 pasado; un proyectil le había
atravesado el abdomen, reventándole el intestino grueso, por lo que
fuera internado en la Clínica Americana de la Ciudad Juliaca, durante la
luctuosa jornada del 24 de junio aún no acaba, pues aparte de lidiar a
diario con el sufrimiento de sus heridos.
Hilaria
Puma Mamani, natural del poblado de Titiri perteneciente al distrito de
Santiago de Pupuja, con lágrimas en los ojos llamo a la solidaridad de
los juliaqueños , de la región y del país, para poder derivar a Arequipa
a su hijo Marco Antonio Apaza Puma, estudiante de Ciencias Sociales de
la UNA , que corre el riego de perder la visión por una bala que le
impactó en la parte superior de uno de sus ojos.
A
su turno, Raul Quilca Pacha, exhorta a la generosidad de la población
calcetera para que ayuden a solventar los gastos y recuperación de su
padre Basilio Quilca Gutiérrez de 59 años de edad, quien padece por una
bala que le impactó en el hombro. Ellos proceden de la comunidad de Jila
San Jerónimo del centro poblado de Progreso.
René
Mamani Quispe, Pablo Mamani Leonardo y Ángel Aguilar Ortiz; en el
establecimiento de salud se quedaron todavía, de otra parte, cinco
hospitalizados, Un herido continúa en el hospital Carlos Monge Medrano;
Frente
a esta realidad es urgente que el alto comisionado de Derechos Humanos
de la ONU inste al gobierno peruano para que se establezca una comisión
integrada por los líderes indígenas y representantes de la ONU , para que participen en el
próximo gobierno, se juzgue y sancione a los responsables de este
crimen y otros como los de COCACHACRA Y CHALA - AREQUIPA, MADRE DE DIOS,
CUSCO, ANCASH, HUANCAVELICA y otroas ocurridos durante el 2do gobierno
de Alan García, donde la investigación independiente nos de luces sobre
las verdaderas causas, e identifique y sancione a los responsables.
Las
acciones posteriores a los crímenes orientadas a amedrentar a los
testigos y a silenciar las denuncias demuestran que quieren que nadie
haga nada contra este genocidio en Puno, quieren que nadie exija sus
derechos, porque si no peligra su vida, inducen el miedo para imponerse
y moldean la opinión para que se nos vea criminalizados. También de
esto es responsable político y penal Alan García, que se demuestra en la
acción sistemática, el proceder etnocida y genocida, además de ser un
operador e implementador de políticas de clara tendencia Malthusiana,
contribuyendo al despoblamiento y al desarraigo territorial que explica
el proceder en casos como las vacunas contaminadas, la desatención a
comunidades infectadas con hepatitis B, contaminación de las cuencas con
metales pesados que consumen las ciudades y poblaciones de las cuencas
bajas con impredecibles consecuencias a la salud y la vida; buscando
facilitar la invasión de las supranacionales que quieren monopolizar los
recursos minerales, el agua y los alimentos a futuro, como le caso de
los transgénicas que acaban de aprobar, retirando toda la bancada
aprista las firmas que postergaban la aplicación.
Por las limitaciones que tiene la justicia en el Perú, es que recurrimos al Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y por ello declaramos MARTIRES DE LA VIDA Y DE LA DEMOCRACIA DIRECTA COMUNAL ANDINA a las 7 víctimas que cumpliendo los acuerdos de su comunidad salieron en DEFENSA DE LA PACCHAMAMA (Naturaleza) y de la humanidad; emblemáticamente el nefasto 24 de Junio del presente año.
CONACAMI PERU
Perú Puno 27 de Julio de 2011.
PABLO SALAS CHARCA EFRAIN QUISPE YUCRA
SEC. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SECRETARIO DE CORECOQA PUNO
CONACAMI PERU.
